A comienzos de abril, la pugna entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional se hizo patente, tensa, y llegó a su alarmante punto de quiebre cuando la instancia judicial decidió quitarle las facultades a los congresistas. En la práctica, era un golpe institucional contra un poder constituido, que generó protestas al interior de Venezuela y en el entorno internacional. Dos días después, el gobierno retrocedió, pero la convulsión social no se ha detenido.

Ahora el presidente Maduro ha decidido convocar una Asamblea Constituyente de un modo peculiar: con una modalidad que, de un total de 540 asambleístas, 148 le correspondan a distintos gremios y organizaciones, donde el chavismo tiene evidente influencia. La oposición no ha visto con buenos ojos la decisión, y sigue en las calles. La situación podría tornarse aún más complicada si el régimen no hace mínimos gestos para entrar en algún tipo de negociación.