Mohamed Morsi, el efímero ex presidente de Egipto (2012-2013), acaba de ser condenado a muerte en El Cairo, junto con otros líderes de los Hermanos Musulmanes, la agrupación a la que pertenecen. Dzhokhar Tsarnaev, un joven checheno sin poder alguno, salvo el de la locura que lo llevó a cometer el atentado en la Marathon de Boston del 15 de abril del 2013, también. De pronto, el paredón o la inyección letal los han hermanado, en una tenebrosa coincidencia.

Hace pocos días, a la medianoche del martes 28 de abril, en Jakarta pasaron de la sentencia a los macabros hechos, cuando un pelotón de fusilamiento, compuesto por 12 hombres armados, ejecutó a ocho personas (dos australianos, un ghanés, tres nigerianos, un indonesio y un brasileño). Habían cometido el delito de intentar llevar droga a Indonesia, que en este y otros países del sudeste asiático, como Singapur o Malasia, se paga con la ‘pena capital’.

Dos días después, el jueves 30 de abril, de Corea del Norte vino otra noticia mortal oficial: el general Hyon Yong-chol, hasta ese entonces ministro de Defensa, habría sido ejecutado, nada menos que con un cañón antiaéreo y en un espectáculo público. Aunque lo que pasa en este país nebuloso siempre puede sembrar dudas, puede decirse que en las últimas semanas asistimos, a nivel mundial, a la triste y absurda puesta en escena de un castigo vergonzoso e ineficaz.

La pena de muerte, además, ni siquiera podría ser catalogada como una ´pena’, como una sanción, sencillamente porque todo termina de manera definitiva, bajo la impronta de un Estado –y con frecuencia con la ciega aprobación de una parte de los ciudadanos- que al querer parar algunos delitos absorbe la lógica de los criminales que quiere castigar. El Estado Islámico (EI) podrá ser más brutal a la hora de sus ejecuciones, pero moralmente no muy distinto.

Todavía campea en el planeta una cierta tentación por aplicar esta medida, que es vendida como la panacea contra los peores males de este mundo. Las evidencias, sin embargo, constantemente sostienen lo contrario. La prestigiosa organización Human Rights Watch, por ejemplo, ha informado más de una vez que en el sur de Estados Unidos, donde la pena de muerte es más extendida, los delitos graves, como el homicidio, no han decrecido al ritmo de la muerte oficial.

El propio sentido común sugiere que dicha ‘pena’ no mitiga lo que se quiere controlar. ¿Cómo se explicaría, sino, que sigan encontrando gente que trata de introducir droga en Indonesia, como es el caso de esos ocho seres humanos desdichados y ahora borrados de la faz de la Tierra? Lo mismo ocurre en prácticamente todos los países que siguen aplicándola: nunca faltan los condenados. La fantasía disuasiva no ha podido hasta ahora fusilar a la realidad.

Peor aún es comprobar que, constantemente, saltan los casos de personas que fueron ejecutadas y que eran inocentes, o que viven por años hundidas en un espantoso ‘corredor de la muerte’, especialmente en Estados Unidos, para al final demostrarse que no eran culpables. El 3 de abril pasado, en Alabama, Anthony Ray Hinton salió libre luego de ¡tres décadas! de esperar una ejecución que, a todas luces, iba a ser injusta, porque nunca pudo probarse que asesinó a dos empleados de un restaurante en 1985.

Amnistía Internacional (AI) ha informado que, en los últimos 40 años, ha habido al menos 140 de estos casos. En el ‘gran país del norte’, por añadidura, una buena parte de los que esperan la ejecución, o de los que salen luego de años de espera angustiosa, son afroamericanos. Algo así como que pueden morir en la calle, a manos de un policía descontrolado, o en una prisión por un crimen que no cometieron. Algo no anda bien, socialmente, si sigue en pie esa desoladora paradoja.

Los países donde más ejecuciones oficiales se perpetran son Irán, Arabia, Saudita, China, Irak y Estados Unidos. Recientemente, Egipto y Nigeria, países no por casualidad convulsionados políticamente, se han sumado a la lista. ¿En qué se parecen todos ellos? En que tienen regímenes autoritarios, que pretenden no tener fisuras, a excepción de Estados Unidos. Quizás eso explica por qué en tierras norteamericanas es creciente el rechazo a la delirante ‘pena capital’.

El abolicionismo de esta ominosa medida se va incrementando. De acuerdo a AI, al presente hay 140 países que ya no tienen pena de muerte o no la practican (entre ellos el Perú). Poco a poco, crece la conciencia de que es una vergüenza, y un absurdo, mantenerla. El diciembre pasado, en la Asamblea General de la ONU 117 países votaron por una moratoria de ella, como nunca antes había ocurrido. La modernidad hoy en día pasa por exorcizar la vieja costumbre del ojo por ojo.

Aún así, en el 2014 se ejecutó a 607 personas a nivel mundial, un 22% más que en el 2013 (cifras de AI). Se trata, entonces, de una lucha que no ha terminado, que mueve todavía pasiones o culturas de turba, porque cada vez que la violencia –o distintos tipos de ella- se expande por un país, el recurso a la mano, efectivo, se cree, en matar para curar el mal. A lo largo de la Historia, se ha demostrado que eso no solo no resulta sino que, además, echa más gasolina a la hoguera.

Si Morsi es ejecutado, por volver al principio, es improbable que eso traiga la paz social o política. Tampoco, probablemente, la muerte de Tsarnaev neutralizará a los terroristas chechenos. No habrá justicia poética alguna si eso ocurre. Lo único que nos quedará del famoso verso de Cesare Pavese (‘Vendrá muerte y tendrá tus ojos’) es acaso esa parte que dice 'esta muerte que nos acompaña/desde el alba a la noche, insomne/sorda, como un viejo remordimiento…'