Al final del diálogo No.37 entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, y luego de 3 años de enrevesadas negociaciones, ambas partes han dado un paso crucial, aunque no por eso cien por ciento esperanzador: crear una Comisión de la Verdad, que esclarezca lo ocurrido durante más de medio siglo en este sufrido y hermoso país, que durante ese lapso ha visto masacres horrendas, masivos desplazamientos, violaciones, ejecuciones y otros bárbaros actos.

Crímenes sin nombre, en suma, cuyo origen y autoría deberán ser esclarecidos por –según lo acordado- un grupo de 11 comisionados, que trabajarán durante 3 años, al cabo de los cuales deberán entregar su Informe para que sea conocido por todos los estamentos posibles de la sociedad colombiana. El propósito de la entidad sería buscar esas verdades incómodas, contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover una mejor convivencia en los territorios.

Todo ello para que haya verdad, justicia, reparación y, como consecuencia esperable de ello, ‘no repetición’, algo que, al final, procuran todas las Comisiones que se han creado en nuestro convulso mundo de los últimos años, más allá de los orates ataques de las que han sido objeto en varios países. Colombia, ciertamente, no será la excepción, porque las heridas allá son muy grandes, y los relatos de lo ocurrido disímiles, cerrados, incluso diametralmente antagónicos.

Aún hay que esperar, pues este organismo sólo verá la luz y comenzará su dolorosa tarea una vez que se haya firmado el ansiado acuerdo de paz. Pero ya es un dato que se haya acordado su posible nacimiento. Sugiere que tanto las FARC como el gobierno atisban el fin del conflicto y, sobre todo, que están dispuestos a preguntarse qué pasó, qué hicieron, por qué lo hicieron, a quienes dañaron y cómo los podrían reparar. Las víctimas, al fin, puestas como prioritarias.

Es lo que había venido reclamando Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador del gobierno, un hombre persistente y sensato, y lo que, sobre el papel, pretenderían también las FARC. En la ruta, sin embargo, pueden surgir álgidos desacuerdos. El primero de ellos puede consistir en quiénes conformarán la Comisión. Cada parte tendrá derecho a proponer a 3 de los comisionados, mientras que los otros serán designados por organizaciones de la sociedad civil.

¿A quién propondrán las FARC? Improbable, o inviable, que se trate de uno de ellos, o de alguien que morigere sus propias responsabilidades y “les dé la razón”. Uno de los baches, en el conjunto de las negociaciones –y en este paso probablemente- , es que el discurso del grupo armado sobre lo ocurrido está, básicamente, centrado en sostener que ellos solo respondieron a un ‘terrorismo de Estado’ desplegado para combatirlos. Les cuesta todavía reconocer sus desvaríos.

En una entrevista con Francisco González, uno de sus comandantes (publicada el 13/2/15 en La República), este me dijo: “La gente entiende que no somos los que los andamos buscando para matarlos”. Difícil que todas las víctimas crean eso. Es más: el propio Iván Márquez, líder negociador de los guerrilleros, ya dio un paso en agosto del año pasado, al pedirle perdón a Constanza Turbay, quien perdió a su madre y dos hermanos por acción de ellos en el departamento del Caquetá.

El propio Márquez, no obstante -como ha recordado la colega colombiana Diana Calderón-, ha asumido un discurso sesgado tras el anuncio de la Comisión, al afirmar que “jamás se podrá equiparar el derecho a la rebelión con el terrorismo de Estado”. ¿Esa puede ser una ruta para entender la cruda realidad del conflicto colombiano? Imposible, como es imposible que los sucesivos gobiernos que vivieron el conflicto ignoren sus responsabilidades en la barbarie.

Si comienza a esclarecerse lo ocurrido, tendrá que verse cómo eran los vínculos de diversos actores estatales con los paramilitares, o como las propias fuerzas armadas actuaron en tándem con ese siniestro frente armado. Es previsible, por eso, que el ex presidente Álvaro Uribe sea uno de los primeros en atacar a la no nata Comisión, como acá en el Perú lo hicieron algunos penosos escuderos de gobiernos anteriores. O que al menos trate de imponer un relato unilateral.

La dificultad adicional es que se ha acordado que lo investigado por la entidad no podrá tener derivaciones judiciales. Eso crea otro obstáculo, no pequeño. Aunque De la Calle ha dicho que esta Comisión no implicará que se caiga en la impunidad, no queda claro qué figuras de justicia transicional (modo de abordar la justicia tras un conflicto) se pondrían en marcha una vez que se firme la paz o que salga el Informe de la Comisión. ¿Habrá amnistías o penas rebajadas?

Qué difícil, qué complejo. Hay demasiado dolor en el mosaico social colombiano como para que se decrete una verdad unilateral. Como para que se olvide o se deje sin sanción a perpetradores de gran calibre, ya sean de las FARC o del Estado. Si las víctimas, que a lo largo de más de 50 años han sido miles (220 mil muertos, se estima), están realmente en el centro de la negociación, no deben ser, en modo alguno, defraudadas. La verdad es para ellas, para curar sus desgracias.

Las que están y las que no están han vivido el horror o el silencio durante décadas y merecen respeto, verdades reales, no arreglos sin rumbo. Me vienen a la memoria una playa de Cartagena, por donde deambulaban casi a cada paso desplazados de la violencia vendiendo baratijas. O un amigo colombiano llorando una pérdida, mientras estaba en Lima. O la imagen de unos secuestrados por las FARC. No será el engaño lo que les dará una esperanza mínima.