Desde La Habana, al alba, el miércoles 21 de junio del 2016 ha venido la noticia crucial: el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han anunciado que llegaron a un “Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo”. De algún modo, le han dicho a Colombia y al mundo que el fuego, y el juego, están a punto de acabar. Que más de cinco décadas de enfrentamientos y desgracias, por fin, se van…

O se irían. En rigor, la declaración no es, como algunas personas híper entusiastas creen, el cierre final del proceso de paz. Es el inicio, eso sí, de un impulso decisivo hacia ese objetivo, que en los cuatro años que ha durado la negociación ha tenido momentos en los que, sencillamente, todo estuvo a punto de derrumbarse sin remedio. Como tantas otras veces en la sufrida historia de este querido país, que tiene el triste honor de tener la mayor cantidad desplazados internos en el mundo.

La importancia de lo que se anunciaría en La Habana no es menor, ni únicamente mediática, como se ha proclamado en algunos tweets o hasta redacciones. Se refiere al punto cinco de los ‘Diálogos de Paz’, denominado crucialmente ‘Fin del Conflicto’. En otras palabras, es el empaquetado final de una compleja arquitectura que incluía cuatro temas más en agenda: el problema del agro, la participación política, el narcotráfico y la reparación a las víctimas.

En todos ellos, hubo dificultades que hicieron tambalear la negociación. En materia política, por ejemplo, las FARC han pedido tener curules directas en las cámaras, algo que ha sido rechazado por las otras fuerzas políticas y por gran parte de la ciudadanía, que no vería con agrado que algunos ex guerrilleros funjan de representantes. Menos aún por decreto. El tema no ha sido resuelto y, como es obvio, resulta urticante especialmente para los familiares de las víctimas.

Las FARC, además, exigen una Asamblea Constituyente, donde el acuerdo sea refrendado, mientras que el gobierno ha propuesto un plebiscito, al que los guerrilleros ven con desdén (“no se le puede preguntar a la gente que pasa por la calle eso”, dijo en una entrevista Carlos Lozada, uno de ellos). Aún así, el tema “político” no se ha bloqueado. Lo que sí era difícil de digerir para ambas partes, ni con un café tintico de por medio, era la forma en que debía dejarse las armas.

Es eso lo que se anunciaría este jueves y significaría, en cristiano, que las balas se callan, que los fusiles tienen que ser entregados, que no hay más trincheras. Ni balaceras, ni secuestros, ni ataques a pueblos indefensos o cuarteles militares. Es decir, nada de eso que, en términos concretos y dolorosos, constituye la desgracia de la guerra. Por allí hay que entender la trascendencia del anuncio y la razón por la cual va a estar hasta el Secretario General de la ONU.

Por eso, a su vez, es que algunos guerrilleros han movido un hashtag algo solemne titulado #El Último Día de la Guerra. Parecería que, esta vez sí, se lo están tomando en serio, acaso porque ya no tienen alternativa, más allá de sus inflamadas proclamas soltadas por la agencia de noticias Anncol. Si no fuera así, no se atreverían a pararse al lado de cinco presidentes latinoamericanos (Raúl Castro, Michelle Bachelet, Danilo Medina, Nicolás Maduro y el propio Santos).

Hablar del ‘fin del conflicto’ implica, entre otras cosas, ver la forma de –nada menos- dejar de disparar. Como ha precisado el notable portal colombiano ‘La silla vacía’, no se sabe si eso se hará de un solo golpe, o por etapas. En los hechos, el cese al fuego ya se vivía, hace varias semanas, pero en La Habana se podría proclamar que es para siempre. Por no poca añadidura, se explicaría cómo se van a dejar las armas, dónde, de qué modo, cómo. No suena a disparo al aire.

¿Se irán a destruir como exigían los seguidores del ex presidente Álvaro Uribe? Tal vez se sepa pronto, aunque lo que parece inminente es que tendrían un destino que ya no serían los enfrentamientos en el monte. Como contraparte, a los miembros de las FARC se les dará “garantías de seguridad”, lo que implicaría en los hechos que anden con escoltas. Obviamente eso también será difícil de aceptar por sus víctimas. Pero la otra ruta serían nuevamente las balas.

Una vez que se acuerde el fin de los enfrentamientos, vendrá la etapa de “implementación del acuerdo”, que incluye el plebiscito, la creación de un Tribunal Especial para la Paz, compuesto por 24 magistrados, que pondrán en marcha un esquema de justicia transicional. En virtud de este, los guerrilleros tendrán penas rebajadas, o restricciones a la libertad, si colaboran con la justicia; de lo contrario, podrían ir hasta 20 años a prisión. Nuevamente, no es lo óptimo; solo lo posible.

Si el histórico jueves 23 de junio del 2016 se declara que el histórico acuerdo va, que está cerrado, en unos dos meses vendría la firma formal y comenzaría la implementación. Y he aquí que hay un factor que, en medio de este laberinto, es fundamental: como ha señalado la revista Semana, echar a andar este difícil vehículo de la paz requiere la participación de la gente, de la sociedad civil. No resultará si se considera solamente un asunto del gobierno, o de Santos.

No será un paseo político. Varias encuestas alertan sobre la desconfianza en torno a los diálogos, a los propios guerrilleros, que ya en ocasiones anteriores, con en la época del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) prometieron embarcarse hacia la paz y no lo hicieron. Desde el punto de vista de ellos, fueron ese gobierno y otros anteriores los que se levantaron de la mesa. Ahora, esas excusas ya no suenan creíbles. Hoy, efectivamente, debería ser “El último día de la guerra’.

Con este corajudo paso, no acabaríala violencia en Colombia, que aún tiene focos intensos, como las BACRIM (Bandas Criminales) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Pero sí concluiría un tiempo de odio, de furia sin control, de masacres sin nombre, de retaliaciones crueles e interminables. Son testigos silenciosos y desgarradores de ello más de 300 mil muertos y 45 mil desaparecidos, que desde 1964 fueron el costo inútil de querer hacer política a bombazos.