Desde unas profundidades aún limpias, a pesar del agua medio verdosa, un tramboyo de tamaño respetable sale prendido del anzuelo, mueve la cola con frenesí, abre la boca como si se arrepintiera de ser seducido por un muy-muy blando. Parece querer romper la luz de madrugada con sus ojos saltones, además. 

Juan Monteverde, un vecino residente de Santa María del Mar, mira las contorsiones del Lambrisomus philippii y me dice que “no sabe hasta cuándo se podrá pescar bien en esta zona”, mientras el acantilado nos mira en silencio. Mientras un pelícano (Pelecanus thagus) comienza a rondar cerca de nuestro bote.

Allá por entre las olas

Dos enormes tubos de grueso diámetro, clavados a 23 metros de profundidad son la causa de la preocupación de Juan. Pronto serían puestos en medio de la ‘playa grande’, a la izquierda de donde echamos nuestros afanosos anzuelos. Por entre las olas que anteceden a otro acantilado, vecino a la playa Curayacu.

En esa área, frente a las casas de veraneo y a la arena donde se siembran cientos de bañistas, la empresa CODESUR, concesionaria del proyecto PROVISUR, pondría en breve los objetos intrusos: un inmisario (para sacar agua) y un emisario (para botarla), que permiten la mágica operación de convertir el agua salada en potable.

¿Cuál es el problema con que, ante la escasez del preciado y vital recurso en los balnearios del sur se apele a esta modalidad, ya usada en Chile, España y sobre todo en el Golfo Pérsico? Un patillo (Phalacrocorax brasilianus) ahora nos ronda, cuando nos hacemos esta pregunta, y mientras nos mueven unos tumbos.

En rigor, “no es mala idea”, como nos comenta luego Eduardo Parodi, un ingeniero residente en Punta Hermosa, conocedor de las vicisitudes que surgen para satisfacer el consumo humano. Siempre y cuando se sepa cómo desalinizar el agua, sin contaminar y salar in extremis un delicado ecosistema marino

Algo que parece que sí podría ocurrir en las aguas bastante bien conservadas de Santa María. Al aproximarse el día central de la colocación de la primera piedra de PROVISUR -que sería el lunes 4/12 con la participación de Carlos Bruce, el ministro de Vivienda- comienzan a hacerse evidentes algunas limitaciones serias del proyecto.

Digamos que emergen algunas grietas en los tubos y sobre todo en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que fue aprobado por la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, con la anuencia de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y la Dirección de Capitanía de Puertos (DICAPI).

Una de ellas, central, que indignaría al pelícano, es que el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), organismo que explora los recursos hidrobiológicos de nuestro mar, no ha tenido vela en la romería en busca del agua potable. El Ministerio del Ambiente (MINAM), tampoco. En este tema, ambas entidades saben, pero no opinan.

Un asunto de aguas

O mejor dicho, sí opinan, pero no deciden, lo que en tiempos ppkausas parece haber cobrado más intensidad. Casi fruición, tal vez, si observamos la performance algo magra de la cartera conducida por la ministra Elsa Galarza. No, no es un tema lo ambiental en este gobierno; más importan obras tipo Chincheros.

Según José Salardi, funcionario del ministerio de Vivienda encargado del proyecto, al IMARPE no le correspondía, pues “así está ordenado el Estado”. Al declarar  para este reportaje, comprensiblemente el funcionario pone el acento en una realidad potable e incontestable: falta, agua en los balnearios del sur.

Principalmente en Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo, donde incluso se tiene que recurrir a los camiones cisternas. “Beneficiaría a 100 mil personas que viven en estos distritos”, argumenta Salardi destilando cierta pasión social; con las tuberías aparentemente providenciales de PROVISUR, el drama acabaría.

Tendrían agua “las 24 horas del día”, de acuerdo a los documentos del proyecto. El problema es el costo que, en materia ambiental, esta presunta solución podría tener. El otro problema es dónde estarán puestos la plantas y los tubos. En el balance, habría ganadores, pero también perdedores, personales y naturales

A pesar de que el EIA, ya ha generado una Certificación Ambiental (CA), los vecinos de Santa María y otros distritos, algunos de ellos agrupados en el Frente de Defensa de Playa y Bahías del Sur, han mostrado su preocupación –su alarma, en algunos casos- por lo que se vendría en las aguas todavía límpidas de estos lares.

“¿Por qué acá”, sostiene María Elena Alvarado, una directiva y residente del balneario afectado por los tubos (Santa María), durante el relato, algo angustioso, que nos hace sobre las diversas gestiones que han hecho para que el Ministerio de Vivienda, la Autoridad Nacional del Agua (ANA)  y SEDAPAL (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) y DICAPI la escuche.

Pasa corriente

Uno de los problemas, señalados por CESEL Ingenieros, una consultora a la que los propios vecinos le pidieron un informe técnico-legal, es esencial: no se midieron correctamente las corrientes marinas de la bahía de Santa María. ECSA Ingenieros, la empresa contratada por CODESUR para el EIA, no navegó, digamos, lo suficiente.

Las mediciones de las corrientes, según CESEL, se hicieron solo por un día, el 3 de marzo del 2015, “lo que no es representativo”. Por añadidura, los datos de velocidad obtenidos “corresponden solo a capas superficiales o sub-superficiales”, a 5 metros profundidad, cuando debieron hacerse a 22 metros bajo el mar.

Es decir, allí hasta donde llegarán con dificultad los anzuelos que lanza Juan Monteverde, pero donde sí se clavará el tubo que botará el agua de mar ya tratada, con residuos químicos y un montón de sal (salmuera) sobrante del proceso de desalinización. En suma, no se pulsearon las corrientes donde era necesario.

Algo similar ocurrió con las olas, de acuerdo a CESEL. El EIA no tiene datos de registro de ellas y, para suplirlo, acudió a la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), la agencia norteamericana encargada de monitorear los océanos. Que tiene una estación ubicada cerca de Pucusana.

Pero Pucusana está a varios kilómetros al sur de Santa María. Para ser consistentes, la medición de olas debió hacerse durante unos seis meses, dice CESEL, y la de corrientes al menos un año, como sentenció el ingeniero Parodi. No fue así por lo que el registro de cómo acogería el mar los residuos es dudoso.

Más aún: según un informe de IMARPE sobre la bahía, entre los 5 y 10 metros de profundidad, alrededor del inmisario y emisario (los tubos en cuestión), “se apreció flujos hacia el interior de la bahía (el este)”. En cristiano, esto quiere decir que las descargas de la salmuera irían hacia la playa y el mar cercano.

Se viene la sal

Dadas esas coordenadas, es muy probable que el ecosistema marino sea afectado, aun cuando Salardi argumente que si ocurre algo habrá “penalidades” para la empresa. La pregunta es por qué no se previó ese riesgo con más precisión. Por qué, asimismo, se pone la desalinizadora en una bahía.

Un documento del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, vinculado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), afirma lo siguiente: “donde sea factible, el emisario debe localizarse en un área de mínima sensibilidad ambiental, esto es, en mar abierto en vez de en un estuario o bahía”.

O sea, no en Santa María del Mar, donde la biodiversidad es aún muy importante. Donde se pueden pescar, como en esta madrugada generosa, aparte del frenético tramboyo, alguna cabrilla (Paralabrax humeralis), una pintadilla (Cheilodactylus variegatus) o un muy apreciado lenguado (Paralychthis adspersus).

Para beneplácito no solo de los pescadores deportivos sino, sobre todo, de los pescadores artesanales que tienen gremios en Punta Hermosa y San Bartolo, beneficiarios del proyecto Provisur. ¿No fue posible encontrar otro lugar? ¿Por qué en una zona donde, por si no bastara, no se ha marcado una “línea de bahía”?

El biólogo Flavio Benites, consultor ambiental que  vive en San Bartolo, ha alertado sobre la necesidad de tomar en cuenta eso antes de proceder con la desalinización. Se debió establecer, dice, zonas de refugio (hábitats de protección), de reproducción (para el desove) y de pastoreo (para la alimentación de los peces).

Todo ello para establecer áreas protegidas frente a la actividad humana. Con los tubos encimas, eso será difícil, entre otras cosas porque la salmuera afectaría “las primeras fases de desarrollo de los huevos, larvas y juveniles de crustáceos, moluscos y peces, en etapas que demandan mayor estabilidad”.

Tubos y peces

Mientras seguimos flotando en el frágil barquito, un delfín ha pasado lomeando por entre las olas, por los predios donde aún se puede pescar, y se dirige hacia el territorio donde habitarían los tubos. En ese momento, avistamos otro tema: la longitud del emisario, el que bota los residuos, que estaría a 779 metros.

La OPS recomienda longitudes de hasta 2,000 o 3,000 metros, nunca en bahía, algo que el EIA no recogió. Como tampoco hizo un pulseo  riguroso de las especies de peces que habitan en la zona. Incluyó al perico (Coryphaena hippurus), por ejemplo, cuando es una especie de alta mar, que casi no ronda por bahías.

Una forma para determinar qué peces viven en el área de impacto habría sido el mercado de San Bartolo, a pesar de que, como dice Benites, “los comerciantes traen peces de otros lados para venderlos”. No se tomó tan en cuenta a los “habitantes locales”, como la cabrilla, el tramboyo, el lenguado.

Esta última especie, muy valorada por pescadores deportivos o artesanales, es una de las que podría sufrir más. Es considerado parte de la comunidad bentónica (la pegada al fondo del mar), junto con especies de moluscos o equinodermos (estrellas de mar). La probabilidad de que no resistan la salmuera es real.

Otra especie afectada sería la chita (Anisotremus scapularis), también apreciada por su sabor y difícil de capturar. Es una de la especies a proteger, como sostiene Benites, y que sufrirá con el proyecto Provisur. En todo caso, se requeriría, para que eso no ocurra, una vigilancia sistemática sobre el ecosistema marino.

Las comunidades de pescadores de Punta Hermosa, San Bartolo, incluso la de Pucusana vienen hacia la bahía de Santa María y sus alrededores precisamente porque hay recursos allí. Porque no han sido tan impactados, debido al cuidado de los vecinos y a que, en cierto modo, es un gran criadero natural de especies.

Sortear la marea

Aproximadamente a las 9 de la mañana, la marea ha comenzado a subir y nuestro frágil bote tambalea. El pelícano sigue dando vueltas, como si hubiera visto en nosotros una tienda gratuita de pescado. Nos cruzamos con el bote de un pescador artesanal y le preguntamos si sabe del proyecto. “No mucho”, dice.

Parte del problema con el proyecto PROVISUR es ese. Que se desconoce mayormente. Se asume que es indispensable para tener agua potable, algo a lo que nadie se puede oponer. El problema es por qué lo pusieron allí, no en mar abierto, y cerrando la discusión ambiental como si no se podría cuidar el agua, los peces, los mariscos y otras especies cuando se abre el caño.