Madrid, España. “ ¡Hinostroza a prisión!, ¡Hinostroza a prisión!”, clamaba un grupo de peruanos al término de una reunión acaecida en la tarde del domingo 21 de octubre en el local comunal denominado Eva, ubicado en el N°7 de Plaza Legazpi, en el distrito madrileño de Arganzuela. Por más de tres horas, en este cónclave convocado por la ‘Plataforma Perú’, se habló del caso del juez detenido, y de otras varias cosas más que conciernen a los compatriotas que viven, en muchos casos hace años, en esta capital.
Demóstenes Mamani, abogado peruano especializado en temas de extranjería, casi no habló durante la reunión, a pesar que cuando lo hizo lanzó alguna precisión importante sobre el affaire Hinostroza, como aquella de sostener que el tema de la expulsión ya no era posible. “Hay que apuntar a la extradición más bien”, sostuvo con sobriedad desde su voluminosa y letrada presencia, de un modo muy distinto a como lo hicieron otros asistentes, bastante locuaces, como uno que declaró ser miembro del Partido Aprista.
Este otro Mamani, sin audios, luego le dio a este corresponsal varios alcances que parecen tener sentido. Primero: lo que habría hecho César Hinostroza no es, precisamente, solicitar asilo, sino una “manifestación de voluntad de presentar solicitud de protección internacional”, tal como lo establece la ley española. Para eso, a quienes lo hacen les dan un documento de color rojo (me muestra uno de otra persona, pero no puede revelar el nombre incluso por cuestiones legales), que da fe del pedido en curso.
“Con ese documento tu extradición se paraliza”, apunta este entendido en leyes que lleva 26 años residiendo en Madrid y 24 ejerciendo la abogacía en el reino. Esa jugada habría sido suficiente para que el controvertido magistrado tenga a la mano un recurso que le sirve para luchar contra su extradición. Solo que hay un detalle: en cerca de un mes, lo llamarían para que presente pruebas de que realmente, como dice la Ley de Asilo española, lo están persiguiendo por motivos políticos, religiosos, raciales, de nacionalidad, de género u orientación sexual, tal como informamos en una nota anterior.
Por supuesto, es bastante difícil que Hinostroza encuentre alguna prueba contundente. ¿Unos recortes o artículos de periódico servirían? Mamani sugiere que muy poco. “Tal vez un certificado médico de que lo hirieron, o una carta de apoyo de Amnistía Internacional”, explica el abogado. Improbable. Aunque AI en España no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, ni parece que lo hará, su insistencia -en sus últimos informes anuales- sobre la impunidad en Perú vuelven inviable esta opción.
Si el juez detenido y perseguido tuviera argumentos para lograrlo, entonces su “manifestación” sería admitida y pasaría a un trámite para ver si le otorgan el asilo, que demoraría- siempre según Mamani- unos 5 o 6 meses. Si se lo niegan, como es previsible, el procesado tendría otra oportunidad: apelar la denegación y convertir este proceso, que es administrativo, en un asunto judicial. No se puede descartar que lo haga.
Pero allí, nuevamente, sus posibilidades son escasas. Verónica Barroso, una abogada especializada en esto temas, me recuerda que, el artículo 8 de la Ley de Asilo sostiene que no excluye de la condición de refugiados (en España es lo mismo que asilados) a quienes han cometido fuera del país de refugio antes de ser admitidas como refugiadas, “un delito grave” que puede incluir la “delincuencia organizada”. Tal parece que uno de los comandos de ‘Los cuellos blancos del Puerto’ puede caer dentro de esa categoría.
Con todo, sí hay algo que está ocurriendo. El trámite para buscar asilo que ha iniciado Hinostroza, está corriendo y mientras eso ocurra, según el artículo 19 de la ya citada Ley de Asilo, la persona “no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud o ésta no sea admitida”, incluso si está en trámite su extradición. Y es aquí donde los caminos –el del asilo y la extradición- se cruzan de manera algo complicada, al punto que puede abrir una grieta que favorezca al magistrado.
El plazo para presentar el cuadernillo de extradición es de 80 días. Si no se hace en ese tiempo, el detenido, de acuerdo a Mamani, podría salir en libertad. Para alertar sobre eso, casi que me agita frente al rostro un documento –con los nombres tachados- en el que ocurrió algo así. Un detenido en España estaba ya detenido y con orden de extradición desde el Perú. Parecía que regresaba de todas maneras, pero a su hábil abogado se le ocurrió comenzar el trámite para solicitar asilo. Pasaron los 80 días, no llegó el cuadernillo y fue liberado. Después, lo extraditaron finalmente, aunque digamos que ese riesgo existe. De allí que el presidente Vizcarra haya anunciado que se actuará rápidamente. Ya el Poder Judicial, además, informó ayer que el trámite se ha iniciado.
Una fuente gubernamental, además, reveló a La Mula que para actuar con eficacia se acudiría dos estudios de abogados españoles que actúan en Lima. Uno es el Estudio Garrigues, presente en el Perú y también en México, Colombia, Chile y Brasil; el otro sería el Estudio Uría Menéndez, que también tiene oficinas en Lima, así como en Buenos Aires, Nueva York, Pekín, Oporto. Una segunda opción serían los estudios de abogados Echecopar y Elías Rodrigo, que son peruanos pero actúan también en España.
Según esta fuente, la ventaja es que los abogados de estas firmas “conocen los sistemas judiciales de ambos países”, algo que les daría ventaja sobre el caso. Mamani, por su parte, señala que los residentes peruanos, o los mismos españoles, también podrían presentar un “recurso de acción popular”, un acción mediante la cual un grupo de ciudadanos, que se siente afectado por la presencia de un personaje (en este caso Hinostroza), puede presentarse como parte interesada en el juicio. La Plataforma Perú podría hacerlo, pero tendría que tener reconocimiento legal , algo que aún no ocurre.
Mamani sostiene que tendría que ser una asociación que sí tenga ese requisito. Insiste, por otra parte, que para evitar que el asilo bloquee a la extradición se puede acudir a “un trámite de urgencia”, por el cual el procedimiento de asilo se acelera. Habitualmente, se hace cuando una persona está en riesgo; en este caso, sin embargo, se haría porque resulta evidente que Hinostroza está huyendo de la justicia y es un prófugo, no un refugiado.
Las personas consultadas sostienen que ese criterio tendría que adoptarlo la justicia española, que es la misma que ha metido en prisión al ex magistrado. Al final de todo el laberinto, ya sea el asilo, o la extradición, tocarían los ámbitos de decisión política española. En el primer caso, porque pasa por un comité interministerial; en el segundo porque el cuaderno de extradición sale del Poder Judicial peruano, va al Ministerio de Justicia, luego a la Cancillería. De allí llega al Poder Judicial de España y hace todo un recorrido que puede terminar, en el último capítulo, en Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español y su gabinete de ministros. Si la justicia autoriza la extradición no se opondrán, en modo alguno.
Para que todo eso ocurra, no obstante, se tiene que poner todas las estacas del camino con rigor e inteligencia. Hinostroza podría acudir al Tribunal Constitucional de España, o incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es esperable que agote todos sus recursos, y que queme sus naves, para no seguir en la prisión de Soto del Real y luego ser devuelto al Perú. Pero todo indica que está con el marcador en contra y, por eso mismo, tratará de alargar el partido todo lo que sea posible.
Los estimados sobre la duración de todo el proceso, en el que gravita de manera decisiva la denegación del asilo, caminan entre los ocho meses, el año y medio, o los dos años. Mamani, esperanzado, piensa que si se mueven bien las fichas judiciales en menos de un año Hinostroza podría estar en Lima, donde ya han dictado para él 36 meses de prisión preventiva. Es difícil predecir cuánto durará este culebrón político-judicial, que en los medios españoles ha causado un interés mínimo, casi invisible.
Como fuere, los peruanos de Plataforma Perú convocados al cónclave dominguero ya acordaron plantarse este viernes 26 de octubre frente al Consulado Peruano en Madrid, ubicado en el Paseo del Pintor Rosales 30, a las 12 del día. Curiosamente, el local está dentro del local del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el de gobierno, que está en la cercana calle Ferraz, y donde este asunto, enojoso y enredado no debe haber provocado ninguna fiebre alta, pero probablemente sí algunos dolores de cabeza.
