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fuente: afp

Asilo que nos pone en vilo

El pedido de asilo de Alan García en la embajada del Uruguay puede complicar las relaciones de este país con el Perú. Creará una inútil controversia, a partir de una mentira monumental: que en nuestro país no hay un régimen democrático.

Publicado: 2018-11-18

Solo ayer –luego de que un juez sentenciara que no podía salir del país por 18 meses- decía que era un honor permanecer en el país, que eso no le afectaba, que acudiría a las citaciones. Pero, por la noche, en medio del sigilo y la inconsecuencia, el ex presidente Alan García acudió a la residencia del embajador de Uruguay, en San Isidro (frente al Golf) y solicitó asilo a la República Oriental, a ese país conocido por su limpieza democrática, por su liberalismo social, por su visión progresista de la política. 

Crudo problema el que se viene. Podría convertirse, incluso, en una bola de nieve diplomática. García, para solicitar asilo se ha amparado en la Convención de Caracas de 1954, sobre el asilo diplomática, que Perú y Uruguay han firmado. En su artículo V dice que este será concedido “en casos de urgencia” y el VI que esto se entiende cuando “el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades, o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad …”.

Salvo que se considere que el grupo de gente que se ha apostado frente a la residencia uruguaya en Lima -mientras el ex mandatario permanece adentro- es una multitud que “ha escapado al control de las autoridades” (algo que sonaría delirante), esa condición de ningún modo se cumple. El artículo IV, por añadidura, sostiene que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”.

Se podría decir que García no era todavía un inculpado o procesado, pero lo real y visible es que los tribunales lo llaman, por lo que apelar a ese requiebro parece rebuscado. El gobierno uruguayo, que históricamente (fuera de los tiempos de dictadura) ha sido muy correcto en la aplicación del Derecho Internacional, tendría que cerrar a los ojos ante la clamorosa evidencia de que otorgar ese asilo sería una manera de bloquear la investigación del caso Odebrecht. Que golpea toda América Latina, pero no a Uruguay, al menos no de manera contundente.

Pero hay más. En su carta de solicitud, el ex mandatario sostiene que en el Perú “las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución”, que el régimen es “en apariencia democrático”, que hay “un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen”. ¿Cómo? ¿Es decir que hay una suerte de dictadura asolapada, una tiranía que persigue a sus opositores? Nadie, que se serenara un poco ante el tumulto político, aceptaría que eso es cierto. Y si el gobierno uruguayo otorga ese asilo implícitamente lo estaría aceptando.

La misma Convención, sin embargo, le da –en su artículo II- el derecho al país de conceder el asilo y no lo obliga a declarar por qué lo da. Es decir, el gobierno del actual presidente Tabaré Vázquez tiene esa potestad de no dar explicaciones, aunque sería inapropiado que lo haga sin atender razón jurídica alguna. O sin darse por enterado de que acá a García nadie lo está persiguiendo, como ha tuiteado el mismísimo presidente Martín Vizcarra. Acá es, justamente, donde entra la política, o la real politik, en sus términos más riesgosos.

Vázquez asumió el poder en Uruguay en el 2005, y Rodolfo Nin, el actual canciller, era entonces su vicepresidente. García entró a su segundo gobierno en el 2006. Tienen que haberse conocido, haber coincidido más de una vez, en sus respectivos países o en alguna reunión internacional. Es más: la versión de que el líder aprista llamó al presidente uruguayo, muy probablemente antes de ir a tocar la puerta de la residencia, tienen asidero y sugiere que se estaba pulseando en qué piscina diplomática había agua. ¿Es eso lo que de algún modo va a pesar en la decisión final que se tomaría este lunes 19 en Montevideo, durante la reunión semanal del Consejo de Ministros de la República Oriental del Uruguay?

Sería penoso. Uruguay, en los últimos años, ha dado asilo a personas que sí venían huyendo del chavismo, y ha dado refugio (otra figura jurídica) a ciudadanos sirios que huían del espanto. A su vez, el Perú acogió a exiliados uruguayos que escapaban de la dictadura que gobernó ese país de 1973 a 1985. Recuerdo, de niño, haber conocido a unos muchachos montevideanos que llegaron a Lima por ese motivo, y que estaban, digamos, “asilados” en una parroquia limeña. Suena triste que toda esa tradición corra el riesgo de maltratarse por acción de un personaje político sumamente controvertido como García.

Y hay un escenario que apunta a ser todavía más turbulento. ¿Qué va a pasar si se concede este asilo forzado y, por ende, el personaje en cuestión tiene que salir en un momento hacia el aeropuerto? Bueno, pues, el gobierno de Vizcarra tendría que darle un salvoconducto, lo que significaría que incumpliría la orden judicial que determina que García no puede salir del país por 18 meses. Si no se lo da, el caso podría llegar hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como ocurrió con Haya de la Torre, luego de que se refugiara en la embajada de Colombia tras el golpe del 3 de octubre de 1948.

En ese lío de imprevisibles consecuencias nos está metiendo un señor que simplemente no quiere presentarse ante los tribunales. En un túnel que puede enrarecer nuestra relación con el Uruguay, que goza de buena salud. En un pantano donde se apelará a argumentos de lo más absurdos, como aquel que compara este caso precisamente con el del respetable fundador del APRA, a pesar de que Vizcarra no es el general Odría, ni ha mandado los tanques a la calle, ni está persiguiendo a nadie. Y menos aún controla la Fiscalía de la Nación, que más bien está dirigida por Pedro Chávarry, un escudero de otras causas.

Mario Benedetti escribió que “el exilio es el aprendizaje de la vergüenza y el desexilio una provincia de la melancolía”. El enorme poeta uruguayo sí que sabía de destierros, de persecuciones, como otros tantos hombres y mujeres uruguayos. El pedido de García es más bien vergonzoso en el sentido más plano del término y no tiene nada de melancólico. Tampoco luce heroico, sino oportunista, falaz. Hiere la sensibilidad de muchos peruanos que están hartos, hartísimos de la corrupción. Como todo ciudadano, tiene que tener un juicio justo, con todas las garantías. Que no llegará nunca si, cada vez que los tribunales apremian, huye, como un jugador de esos que no merecen ni siquiera asomarse por el estadio Centenario.


Escrito por

Ramiro Escobar

Periodista. Especializado en temas internacionales y ambientales.


Publicado en

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