La única noticia importante que hemos tenido los peruanos de Brunei, antes de que nos enteráramos de que ahora los homosexuales allá pueden ser lapidados, tiene que ver con Alberto Fujimori. Fue de desde ese pequeño sultanato del Asia enclavado en la isla Borneo (que también comparten Indonesia y Malasia) que el ex dictador peruano voló a Japón, para luego, habilidosamente, renunciar por fax. 

Eso ocurrió en octubre en el 2000 y fue uno de los episodios políticos más ignominiosos del país, que yo viví en las oficinas de la revista Caretas, donde entonces trabajaba. Ahora, las nuevas que vienen de ese territorio dispendioso, rico en petróleo, tienen que ver con otro autócrata, muchisimo peor. Con alguien que ha decidido disolver –disolver- todos los derechos de la comunidad LGTBI.

Brunei nunca había sido un paraíso para quienes pertenecen a este colectivo y viven en el sultanato. El pequeño país, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales e Intersexuales (ILGA, por sus siglas en inglés), estaba en la lista de los estados que criminalizan la homosexualidad, aunque no aplicaba la pena de muerte. Pero desde el pasado miércoles de 3 de marzo eso acabó.

Ahora, según el nuevo Código Penal dictado por el sultán Hassanal Bolkiah, la sanción a los homosexuales puede incluir la lapidación, como en los peores tiempos de la Humanidad. El nuevo corpus legal también dispone el corte de la mano en caso de robo, y la pena capital por blasfemia contra el Islam, medidas que ya existen en algunos países de mayoría musulmana, como Pakistán.

El asunto ha levantado  polvo e indignación a nivel planetario, lo que ha incluido llamados al boicot a los lujosísimos hoteles de Brunei por parte de George Clooney y Elton John. El problema es que otros países, ricos y pobres –algunos de ellos sin ningún hotel ostentoso que boicotear-, mantienen una medida similar. Estos son Sudán, Arabia Saudita, Yemen e Irán. Y también en partes de Somalia y Nigeria.

Esas partes son las que están dominadas por grupos islamistas armados como Al Shabab y Boko Haram. Es posible que lo mismo haya ocurrido en los territorios que, hasta no hace mucho, formaban parte del Califato de ISIS. Difícil saber si eso continúa, aun cuando el factor común en todos los casos es una interpretación extremista del Islam, que no es común a toda la comunidad musulmana.

En Túnez, acaso el único país árabe que llegó a una reforma política tras las revueltas del 2011 (la ‘Primavera árabe’), ya existe incluso una radio de corte gay, financiada en parte por el gobierno de Nederland. En Palestina, la homosexualidad es ilegal en la franja de Gaza, controlada por Hamás, mas no en Cisjordania, donde el gobierno es de Al Fatah, el grupo del presidente Mamud Abbas.

Hay otros países de mayoría musulmana –como Qatar, Mauritania, los Emiratos Árabes Unidos y Afganistán-donde podría aplicarse la pena de muerte a alguien por ser homosexual. Eso se explica por influencia de la sharia, la ‘ley islámica’, en sus legislaciones, solo que en los hechos no ocurre y probablemente la razón es que ha crecido la conciencia global de los derechos de la comunidad LGTBI.

A contracorriente de lo que algunos desinformados proclaman, actualmente son 124 los países donde no hay ninguna pena contra la homosexualidad. El caso más notable ha sido el de la India, que en septiembre del año pasado abolió el artículo 77 de su código penal, que disponía hasta cadena perpetua para los casos de homosexualidad. Ya no existe, en este país de 1,300 millones de personas.

Sin embargo, sí está penalizada todavía en 72 países, una cifra similar a la cantidad de años del sultán de Brunei, y también en países sin mayoría musulmana, como Barbados y Guyana. El agregado es que, en algunos de estos territorios (Barbados es un ejemplo), la jefa de Estado sigue siendo la Reina Isabel II. El propio Brunei es parte de la Mancomunidad de Naciones.

Es decir de la organización que agrupa a países ligados históricamente al Reino Unido. Al ver todo este mapa de criminalización de la comunidad LGTBI uno se pregunta hasta donde alcanzan las leyes, la influencia política, la modernidad. Es cierto que cada país tiene autonomía, pero el sultán de Brunei es caballero británico, lo mismo que Elton John, quien ha llamado a boicotearlo.

Curiosamente, son también 72 los países que tienen legislación específica para garantizar la no discriminación de los homosexuales. Y 22 los que admiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo, en tanto que otros 28 aprueban uniones de otro tipo. ¿Sabe cuáles son los únicos de países de Sudamérica que no garantizan ninguna forma de unión legal para los LGTBI?

Hay para todos los gustos políticos, tristemente: la República Bolivariana de Venezuela, el Estado Plurinacional de Bolivia, las repúblicas de Paraguay, Surinam y…Perú. Sí, estamos en el fondo de la tabla en la región, en un momento en el cual, no obstante todas las histeria, avanza una suerte de corriente abolicionista de la penalización de la comunidad LGTBI y una normalización de sus derechos.

En ese sentido, el fallo que favoreció a Susel Paredes, la Gerente de Fiscalización del Municipio de La Victoria, al dictaminar que su matrimonio con Gracia Aljovín sea inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) es una señal alentadora. Podría abrir una luz en el túnel, para que salgamos de la penosa posición de coleros en materia de estos derechos de la región.

Nos alejaría lo más posible de Brunei, ese estado donde la abundancia, el lujo, la presunta felicidad, no han ido en consonancia con el respeto de los derechos humanos. Por estos días en que causa controversia, ríspida, la inclusión del enfoque de género en la educación, conviene mirar a ese sultanato, que es acaso el final torvo de un camino que comienza cuando se cree que la diversidad es un pecado, o un asunto que merece la hoguera primero verbal y luego legal.