En una reciente entrevista para el programa de televisión ‘Cuarto Poder’, la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución –cuyo entusiasmo por las propuestas de reforma política del Ejecutivo es notable- dijo que el único país de la región donde había elecciones primarias para elegir a los candidatos presidenciales era Argentina. Añadió que eso iba a ser algo confuso, que no convenía; en suma, adelantó que ese cambio no gozaría de su confianza.  

Al borde de un día crucial en el que se verá si, realmente, los parlamentarios quieren debatir las 12 reformas políticas planteadas por el presidente Martín Vizcarra, a partir del trabajo de la Comisión presidida por el politólogo Fernando Tuesta, antes de que sus curules tiemblen bajo sus pies, conviene examinar si se está lanzando fuegos artificiales para no hacerlo. Y también si las alarmas lanzadas por algunos opinantes tienen una base mínima.

Para comenzar, lo que dice Bartra es tan cierto como que el inspirador de su partido no disolvió el Congreso con tanques. Elecciones primarias establecidas por la ley -abiertas a toda la ciudadanía, o cerradas para los miembros de una agrupación- existen en al menos nueve países de la región, entre ellos Argentina por supuesto. En Chile, por ejemplo, las primarias existen desde el 2012 y en ellas pueden participar tanto afiliados de partidos como cualquier ciudadano. No se necesita carnet partidario alguno para participar.

El actual presidente, Sebastián Piñera, fue elegido candidato por la coalición Chile Vamos en unas primarias realizadas el 2 de julio del 2017. Venció con el 58.28% de los votos a Manuel José Ossandón (26.37%) y a Felipe Kast (15.36%). En Honduras, un país que no es precisamente el paraíso de la democracia, también hay primarias abiertas. Las últimas fueron el 12 de marzo del 2017, en los que el hoy controvertido presidente Juan Orlando Hernández ganó la nominación por el grupo ‘Azules Unidos’.

¿De dónde salió la especie de que sólo en Argentina hay primarias abiertas? Nadie lo sabe. Y además poca gente conoce bien lo que se está debatiendo, por lo que resulta fácil lanzar versiones que no tienen fundamento alguno. En algunos países, tales elecciones no son financiadas por el Estados, sino por los propios partidos; en la propuesta del Ejecutivo las organizaría la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que se trataría de un financiamiento indirecto. según Tuesta. De aprobarse, ayudaría a que los ciudadanos elijan más que las cúpulas, un procedimiento bastante habitual en Europa.

Sobre la disolución del Parlamento, de manera legal, algo que numerosos apresurados -o desinformados en grado superlativo- llaman ‘golpe de Estado’ el panorama es aún más claro. Hay por lo menos 17 países en el mundo donde eso puede ocurrir. Entre ellos, la limpiamente democrática Finlandia, además de Alemania, Nueva Zelanda, Francia, España, Irlanda y Japón. En el 2005, siguiendo con los ejemplos, el presidente federal alemán de entonces, Horst Kholer, disolvió el Parlamento ante el pedido del canciller Gerhard Schroeder que había perdido apoyo de las bancadas y de la ciudadanía.

Las encuestas arrojaban que más de 70% de la población estaba de acuerdo con la medida,  casi a la peruana digamos, de modo que los comicios se adelantaron un año antes de lo previsto. En España, las Cortes (Congreso de los Diputados y Senado) fueron disueltas dos veces, recientemente: el 3 de mayo del 2016, debido a que no se logró conformar una coalición de gobierno luego de las elecciones del 20 de diciembre del 2015; y el 4 de marzo de este año, luego de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras no lograr que se aprueben los presupuestos generales del Estado en el debate parlamentario.

Como es obvio, cuando esto ocurre hay una crisis política, pero en ningún caso se cae el sistema institucional, ni se entra a una dictadura, como insinúan, o dicen abiertamente, los más furibundos y opositores de Vizcarra. Es cierto tanto él, como el presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar, han usado palabras fuertes. Pero si se le negara la confianza a este último este 5 de junio, y el mandatario decidiera disolver nuestro Parlamento, no habría ninguna infracción.

Confundir intensidad del verbo con actos ilegales es una treta francamente insostenible. Se puede hablar de la falta de debate serio, en los medios y en el propio Congreso, a la falta de difusión por parte del Ejecutivo de qué es lo que se está debatiendo; pero vender la versión de que nos aproximamos a una dictadura es delirante, o como mínimo alambicado. Es un mecanismo constitucional, como el que existe en varios otros países, con distintas variantes. Es preferible evitarlo, ciertamente, pero no se tiene por qué caer el cielo si ocurre.

Hay muchos otros aspectos sobre la reforma política, o sobre los trances constitucionales de estos días, que simplemente se están ocultando o distorsionando, al navegar en la desinformación. O al promoverla. Uno de ellos, central, es el financiamiento de los partidos. El Ejecutivo, acogiendo la propuesta de la Comisión, propone que durante las campañas electorales haya dos informes de los aportes financieros a los partidos y movimientos, que serán revisados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Si esta entidad advierte de “presuntos delitos”, pondrá en conocimiento del Ministerio Público lo encontrado para que este proceda de acuerdo a ley. Tampoco pueden –los candidatos o agrupaciones en carrera- recibir financiamiento de confesiones religiosas, de fuentes anónimas, o de “personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras”. ¿Resulta extraño que esta sea una de las reformas que está arrinconada y no se ha debatido aún? Se trata de algo así como una vacuna anti-Odebrecht, que no todo indica no enciende el ánimo de parlamentarios varios, provenientes de bancadas distintas.

En varios países, para evitar enjuagues sospechosos, el Estado paga buena parte de la campañas. En España, el Estado paga el 80% del financiamiento de los partidos, y el otro 20% puede venir privados, pero solo para fundaciones ligadas a estos partidos. Curiosamente, en América Latina los dos países que tienen un financiamiento enteramente privado de los partidos son Bolivia y Venezuela, este último altamente sospechoso de manejar dineros oscuros y no ser devoto de la transparencia estatal. En Brasil, por el contrario, después del mega escándalo Lava Jato, la corriente va en el sentido de limitar la participación de los privados.

La resistencia al debate sobre estos y otros cambios, por parte de un sector mayoritario de los congresistas peruanos, muestra tener que ver con la renuncia a ciertos privilegios, o a atrincherarse en grietas legales que permiten operaciones sigilosas. No parece casual. Pero si esto  continúa, y si produce mañana la disolución del Congreso, no será por la perversidad de caudillo mogueguano alguno, sino por la renuncia a modernizar nuestra democracia y situarla en unos estándares modestamente aceptables, en la región y en todo el planeta.